La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo supranacional, fundado en 1960 sobre la base de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE). Esta última institución se fundó en 1948, en el marco del Plan Marshall, que buscaba reconstruir Europa tras la II Guerra Mundial. Actualmente, la OCDE cuenta con 35 países miembros, entre los que se encuentran México y Chile como solitarios representantes de América Latina. En el 2017, el presupuesto total de la OCDE- que resulta del aporte de los Estados, según el tamaño de su economía- fue de 374 millones de Euros. El 20% del presupuesto fue producto del aporte de Estados Unidos, mientras que México aportó 2.4% y Chile 1.4%.

Pese al crecimiento económico de la última década, Perú no forma parte de la OCDE. De hecho, fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien trajo la mesa la posibilidad de que el país integre dicho espacio. En su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 2016, durante su toma de posesión, PPK mencionó lo siguiente como una de sus metas al 2021:

“Para el año 2021 (…) año del Bicentenario, el Perú será miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Nuestro Plan de Gobierno coincide totalmente con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030”.

La OCDE desarrolla distintos temas de trabajo y lineamientos para sus Estados miembros. El rango de temas es amplio, y va desde las finanzas, la industria, la competencia y la economía; hasta temas de corrupción y soborno, medio ambiente, educación, gobernanza local y políticas sociales de bienestar. En cuanto al problema de la corrupción, la OCDE ha establecido que la forma tradicional de combatir la corrupción, a través de la creación de más normas y la búsqueda por el cumplimiento de las mismas, resulta insuficiente. En ese sentido, se propone aplicar el enfoque de la “integridad pública”, la misma que definen como el “posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre el privado” (OCDE 2017).

Si revisamos la página web de la OCDE, podemos ver que los países con pretensión de ser parte del organismo, deben iniciar “Accession talks” o Conversaciones de Adhesión. ¿Cuáles son los criterios de adhesión? Éstos se encuentran establecidos en el “Marco Para la Consideración Posibles Miembros“ publicado en 2017. Si bien el grueso de los criterios para la consideración de nuevos miembros están relacionados a indicadores económicos, la OCDE también considera explícitamente “el compromiso del país con los valores y obligaciones de la OCDE” dentro de la evaluación para el acceso. De hecho, la visión actual de la OCDE, establecida en el marco de su 50 aniversario, prioriza el respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos: 

“Los Miembros de la OCDE forman una comunidad de naciones, comprometidas con los valores de la democracia basada en el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, y el compromiso con principios económicos de un mercado abierto y transparente”.

El indulto concedido por el Presidente de la República al ex-dictador y sentenciado por graves violaciones a los Derechos Humanos, Alberto Kenya Fujimori, ha generado expresiones de preocupación y de rechazo de parte de diversos organismos y actores del sistema internacional vinculados a la protección de los Derechos Humanos, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Almagro (Secretario General de la OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Agnes Callamard y Pablo de Greiff (especialistas en Derechos Humanos de Naciones Unidas), WOLA, la Fundación para el Debido Proceso, entre muchos otros especialistas y medios de comunicación.

Los esfuerzos llevados a cabo por Perú para la incorporación a la OCDE incluyen el trabajo de por lo menos un par de decenas de funcionarios nacionales (Cancillería, Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros), además de esfuerzos llevados a cabo por organismos como la propia OCDE y el Banco Mundial. Estos esfuerzos, incluyen costosos viajes de delegaciones de funcionarios a Europa, en misiones para iniciar el proceso de adhesión del país. Recordemos también que una de las bajas sufridas por el gobierno tras transar el indulto fue la renuncia de Enrique Felices Saavedra, ex Representante Presidencial ante la OCDE. 

Si la necesidad de respetar los procedimientos y el Estado de Derecho (a los que se apeló tantas veces desde el Gobierno para frenar la vacancia presidencial) ha sido atropellada mediante el otorgamiento de un indulto absolutamente irregular en las formas y en el fondo; cuando menos debería considerarse las puertas que pueden cerrarse para el Perú en el escenario internacional. Lamentablemente, parece ser que la mercancía política canjeada por el indulto tiene mayor valor que las leyes nacionales, la palabra presidencial y los compromisos de gobierno.