En 1996, durante el Gobierno de Alberto Fujimori se promulgó el Decreto Legislativo N°882 que permitió abrir universidades con fines de lucro. Esto generó una proliferación de universidades, tanto públicas como privadas, sin contar con ningún sistema que controlara el cumplimiento de estándares mínimos de calidad. En este sistema, previo a la Ley Universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), conformada por rectores, nombraba a los rectores de las universidades; y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU) era la entidad encargada de dar luz verde a las universidades para comenzar a brindar el servicio académico. Un trámite relativamente simple resultaba en una “autorización provisional”, con la que las universidades nuevas convocaban a sus primeros exámenes de admisión. Como producto de este antiguo sistema, actualmente existen en el Perú un total de 142 universidades, 91 de ellas son privadas y 51 son públicas.

¿Cómo se creaban las universidades públicas antes de la Ley Universitaria? Simple. Cualquier Congresista de la República presentaba un Proyecto de Ley para la creación de una nueva universidad. Algunas de ellas, sobre la base de filiales de universidades. Esta conveniente forma de aparecer como el “creador” de una universidad en la zona, se realizaba sin ningún estudio de mercado previo que determinara qué carreras se deberían dictar, y sin verificación de disponibilidad presupuestaria. El Congresista que presentaba la Ley de Creación determinaba las carreras que serían ofrecidas basado en su criterio.

En un intento por tratar de cambiar esta realidad, en diciembre de 2012 el Congreso promulgó la a Ley 29971, “Ley que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas un periodo de cinco años” en adelante “Ley de Moratoria, que prohíbe la creación de nuevas universidades, públicas y privadas, por un periodo de 5 años. Esta Ley acaba de vencerse, y en este texto quisiera brindar un panorama de la situación actual, que nos ayude a comprender la necesidad de extender el periodo de no creación de universidades.

En el año 2014, el Poder Legislativo aprueba la Ley 30220 (Ley Universitaria), que establece que el MINEDU es el ente rector de la Educación Superior Universitaria, crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), y en el 2015 se establece posteriormente la Política de Aseguramiento de la Calidad con metas al 2021 para la Reforma Universitaria.

La SUNEDU es la institución a cargo de llevar a cabo el proceso de Licenciamiento Institucional, que como señala la web de la institución, es un “procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la SUNEDU que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo”. Las CBC pretenden que las universidades brinden un servicio de calidad, consistente con sus objetivos y documentos de gestión, y en una infraestructura adecuada y promoviendo la investigación. En la actualidad, de las 142 universidades existentes, solo 29 se han obtenido el licenciamiento institucional. ¿Significa que las demás son universidades “peores” o que no se van a reconocer los títulos de dichas instituciones? No. Significa que las universidades que no han sido licenciadas, en su mayoría, aún continúan en proceso de alcanzar los estándares de calidad que la SUNEDU requiere, que pueden ser desde infraestructura, documentos de gestión, etc. El proceso de licenciamiento es largo y muy complejo, sin embargo, no es el único proceso por el cual tienen que atravesar las universidades.

Hay un grupo particular de universidades llamadas “universidades con Comisión Organizadora” o “en proceso de Constitución” (Art. 29 de la Ley 30220). Estas universidades son 20 en total, 18 de las cuales se encuentran en funcionamiento. Sin embargo, 6 de ellas no pueden brindar el servicio académico, dado que al momento de implementación de la Ley Universitaria no habían obtenido autorización provisional de CONAFU. Para estas universidades, el licenciamiento institucional es un requisito indispensable para poder convocar a su primer examen de admisión, tal como lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH). Las universidades con Comisión Organizadora no cuentan con rector o vicerrectores, sino con Presidente de Comisión Organizadora y con Vicepresidentes de Comisión Organizadora. Estas autoridades son funcionarios designados por el Ministerio de Educación, propuestos por la DICOPRO (Dirección General de Promoción y Coordinación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria) y finalmente designados por el Viceministerio de Gestión Pedagógica mediante resolución viceministerial. Los presidentes de las comisiones organizadoras, son titulares de pliegos presupuestales autónomos, y deben ser nombradao con criterios técnicos como establece la Ley Universitaria (Grado de doctor, mínimo de cinco años como docente ordinario, y al menos un miembro debe ser profesional de una carrera ofrecida por la universidad), y de ninguna manera se debe permitir politizar sus nombramientos. Por eso es necesario mantenernos vigilantes sobre los cambios que se realicen en la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) y en la DICOPRO en el MINEDU.

Hablando en términos presupuestales, el aspecto más importante para la institucionalización de este grupo de universidades es la necesidad de contar con docentes ordinarios para conformar sus órganos de gobierno (Consejo de Facultad, Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, como mínimo). La contratación de esta cantidad de docentes de forma permanente requiere por lo menos de un presupuesto de más de 60 millones de soles adicionales al año. Para el año 2018, el MINEDU gestionó con el MEF 18 millones de soles para ir cerrando esta brecha. Esto dejaría una brecha de más de 40 millones de soles. ¿Cómo es posible que existiendo esta brecha de docentes pueda existir alguna duda sobre la necesidad de prolongar la Moratoria?

Solo con saber que que existen 113 universidades pendientes de obtener su licenciamiento institucional y 20 universidades que no cuentan con rector y vicerrectores, a las que les hacen falta más de 40 millones de soles para contratar docentes debería ser suficiente para no pensar en crear más universidades por un periodo mayor de tiempo; y para convencernos de la necesidad de seguir implementando la reforma universitaria.

Nota adicional: Hay tres universidades interculturales que no pueden brindar el servicio académico porque no han concluido aún el proceso de licenciamiento institucional. Una de ellas es la Universidad Nacional Fabiola Salazar Leguía de Bagua, creada como parte de los acuerdos post- baguazo. Esta universidad ya lleva más de 8 años sin dictar clases, y la comunidad de la Nación Awajún-Wampis sigue esperando poder acceder a educación superior en su comunidad. Que alguien le pase la voz sobre esto a Mercedes Aráoz.